El artículo analiza un conflicto en el Poder Judicial argentino derivado de la transferencia de la competencia en materia laboral de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Jueces como Rosalía Romero, Viviana Dobarro y Leonardo Ambesi han manifestado su disconformidad, quejándose de que sus planes de carrera fueron frustrados y de que sus solicitudes a la Corte Suprema fueron ignoradas. Sin embargo, el autor señala que su postura ignora los mandatos constitucionales, como la sentencia Levinas, que establece la superioridad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad sobre la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT). Tras 32 años, el autor sostiene que la jurisdicción laboral nacional en CABA debe dar paso a la autonomía provincial. Como muestra de la resistencia, menciona una huelga de empleados judiciales y carteles con consignas que, a su juicio, reflejan ignorancia jurídica y generan inseguridad para los empleadores.
